Agente fue trasladado a la Diroes y de allí a los calabozos de la Escuela de Suboficiales de la Policía Nacional, en Puente Piedra
Cinco días después de haber reclamado públicamente aumento para sus compañeros de armas y respaldar públicamente el paro policial programado para el próximo 5 de abril, el suboficial Edward casas fue recluido ayer en los calabozos de la Escuela de Suboficiales de la Policía Nacional, en Puente Piedra, pese a que se puso a derecho voluntariamente para enfrentar el proceso abierto en su contra por delitos de desobediencia y motín en agravio del Estado por el Segundo Juzgado Militar Policial; y pese a no existir peligro de fuga inminente.
Extrañamente, casas, quien había sido trasladado apenas dos horas antes bajo fuertes medidas de seguridad al penal de Diroes, en Ate Vitarte, donde purga condena el ex dictador Alberto Fujimori, fue cambiado de lugar de detención, al parecer, por influencias de parlamentarios Fujimoristas.
Casas respondió por más de cinco horas al interrogatorio del juez José Cieza, quien negó darle mandato de comparecencia porque, según él, el procesado habría pedido asilo. Le prohibió, además, dar declaraciones a la prensa mientras dure el proceso. En ese sentido, el abogado del suboficial, Rolando Janampa, informó que apelará la orden de detención, pues la versión del riesgo de fuga no tiene asidero por cuanto su patrocinado no pidió asilo a ningún país.
“Hemos pedido al juez que pida informes a todas las embajadas acreditadas en el país para que informen si existe algún escrito donde mi defendido haya solicitado asilo político. Además él se ha puesto a derecho voluntariamente, lo que demuestra que no ha querido ni quiere fugar”, subrayó.
El letrado precisó que la pena que podría recibir
casas es de entre uno y cinco años de prisión de comprobarse que cometió delitos de desobediencia y motín en agravio del
Estado.
Accidentado trasladocasas fue al juzgado policial a las 7:58 a.m. acompañado de su esposa e hijos, pero en el trayecto fue interceptado hasta en dos oportunidades por camionetas policiales enviadas a detenerlo, pese a que el suboficial había anunciado que iba a ponerse a derecho e iba camino a entregarse.
Al llegar a la sede
judicial, policías rompemanifestaciones agredieron a los periodistas; mientras personal de inteligencia filmaba a los familiares y policías en retiro que brindaban respaldo a
casas.
Antes de la mordaza, casas negó que haya pedido asilo y rechazó que esté politizando los reclamos de aumentos salariales a los policías. “Sólo he buscado que esto se desarrolle dentro del marco de los derechos humanos”, añadió.
Los parlamentarios nacionalistas Marisol Espinoza y Rafael Vásquez calificaron la detención de
casas como arbitraria e injusta porque no se ha tomado en cuenta que
casas se entregó y porque todo lo que ha hecho es expresar un descontento generalizado que existe en la Policía.
La Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) solicitó al gobernador del distrito de San Juan de Lurigancho adopte las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida, la integridad moral, síquica y física de la esposa del suboficial Edward Casas, Rosana Chumpi Vega, y sus hijos María Cristina, Giancarla Giannina y Rolando Julián, debido al seguimiento, persecución y llamadas de hostigamiento que vienen recibiendo de personas no identificadas.
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